La polémica sobre la negativa de la Diócesis de Vitoria a permitir el rodaje de El Sacamantecas en la Catedral abre un interesante debate sobre los derechos de los propietarios frente a los intereses de la industria cinematográfica o incluso de las ciudades. En un momento en que muchas urbes, incluida Gasteiz, buscan posicionarse como destinos atractivos para rodajes, este tipo de tensiones muestra los borrosos límites entre la promoción cultural y el respeto a la autonomía de los espacios privados o semiprivados.
La Diócesis justificaba su negativa aludiendo, por un lado, a la incompatibilidad de las fechas propuestas con las actividades litúrgicas de la catedral y, por otro, al contenido de la película, que no consideraba adecuado para un espacio con significado religioso. Estas explicaciones no han evitado las críticas del Ayuntamiento y de ciertos sectores culturales, que interpretan la decisión como una falta de compromiso con la promoción de la ciudad.
¿Debe una institución estar obligada a ceder su espacio para el rodaje de una película, por importante que sea para la posible proyección económica de una ciudad? La respuesta es clara: no. Que la catedral haya recibido financiación pública para su restauración no convierte automáticamente su gestión en una cuestión municipal. Sigue siendo un templo gestionado por la Iglesia Católica, que tiene derecho a decidir qué usos permite en sus instalaciones, nos guste o no.
Un caso similar ocurrió en Bilbao durante el rodaje de una película de James Bond. Durante la grabación de una escena en Guggenheim: una vecina se negó a abandonar su ventana desde la que observaba a Pierce Brosnan y al equipo. Aunque los responsables del rodaje intentaron negociar, la mujer insistió en permanecer en su espacio, recordando que ninguna superproducción podía obligarla a renunciar a sus derechos. Este incidente subraya la importancia de respetar los límites individuales frente a intereses colectivos, incluso cuando se presentan como beneficios para la comunidad.
Si bien los rodajes aportan dividendos económicos, es importante gestionarlos desde el respeto y el diálogo, garantizando que todos los implicados se sientan escuchados. La cesión de un espacio debe ser siempre fruto de un acuerdo libre, sin presiones mediáticas ni institucionales. El apremio público para forzar cesiones puede generar el efecto contrario: el rechazo a futuros proyectos. Decir “no” también forma parte del derecho a gestionar un patrimonio y proteger el significado original que le otorgan sus propietarios, sea una iglesia, una mezquita o una sinagoga.
Así como la vecina de Bilbao defendió su ventana, su hogar, frente a una producción internacional, la Diócesis de Gasteiz tiene derecho a proteger un templo que considera no solo un edificio histórico, sino un lugar sagrado. Al final, la altura de miras de una ciudad no está solo en lo que se muestra en pantalla, sino en cómo respeta las historias de quienes la habitan.