Estos días hemos asistido a un mediático y acalorado debate
sobre el programa de murales públicos financiado por nuestro Consistorio. Un
programa que lleva desarrollándose en nuestra ciudad desde hace diez años, los
nueve primeros sin existencia de concurso público previo. Recapitulemos:
primero, varios artistas locales de dilatada trayectoria critican en una
entrevista periodística la profusa proliferación de colorísticos murales en el
Casco Viejo gasteiztarra. Pero la controversia se dispara cuando, al poco, uno
de los murales que iba a realizarse en la fachada lindante con el hotel General
Álava no llega finalmente a buen puerto. El colegio de arquitectos opina
públicamente que esa fachada tiene cierto valor arquitectónico y defiende la
autoría del arquitecto que la ideó. Pues un edificio tiene autoría. De la misma
manera que un mural. Y no se puede intervenir, según la Ley, en una obra sea
muralística o arquitectónica sin el permiso de su autor. Los vecinos del
edificio, al conocer estos hechos, votan en contra de la realización del mural.
La muralista afectada arremete contra el Colegio con afán de “matar al
mensajero” y quejándose de “caza de brujas”. Y los ciudadanos se polarizan
alineándose en las redes sociales con aquella o con la sección crítica a su
actuación. Por simpatías o antipatías. Obviamente el Ayuntamiento, promotor de
los murales, tendría que haber tutorizado este proceso. Y haber informado a la
muralista de que el inmueble a intervenir estaba en el listado de edificios de
interés del Colegio. Pero claro, al no participar el departamento de Urbanismo
ni en la redacción de bases del concurso ni en su fallo, el conflicto de
intereses se ha producido: los muralistas defienden lo suyo y los arquitectos
no dejan de hacer lo mismo, defender lo suyo.
Queda de manifiesto quién no ha hecho bien sus deberes: el
Ayuntamiento. Porque la raíz del problema no está en las opiniones de
ciudadanos, artistas, arquitectos, muralistas... Los que es difícil de entender
es la razón por las cuales una actividad -un mural- que se supone que es arte
(sea participado o no) se impulsa desde estamentos que no son los culturales.
Aquí los técnicos provienen del departamento de Promoción y de Participación
Ciudadana. ¿No sería necesario que al menos se contara con un técnico artístico
en el equipo de valoración de las propuestas? ¿Y otro del sector urbanístico? También
un representante vecinal. Se habla de "murales participativos". Pero
no se participan desde el principio pues se desoyen ciertas voces. Y sobre esta
circunstancia habría que centrar este debate.
Algunos problemas provienen de arriba. De unas instituciones
públicas que no hacen bien sus tareas y, habitual y paradójicamente, se libran
de cualquier crítica mientras los ciudadanos se tiran piedras entre ellos por
algo que han causado aquellas. Obviamente la crítica institucional no es fácil.
Porque el mundo de la cultura, tan débil, depende en buena parte de los apoyos
públicos.
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