La “okupación” es un movimiento cultural, social y político
que reivindica, entre otras cuestiones, un derecho recogido en las
constituciones de todos los países democráticos del mundo que se consideren con
tales: el derecho del ciudadano al acceso a un bien tan fundamental como es la
vivienda. Pero el movimiento “okupa” también reclama que a los inmuebles en
desuso, que no se utilizan, se les dé un uso social. En ese sentido los centros
sociales “okupados” son plataforma de un sinfín de actividades culturales,
sociales… ofreciendo un valioso servicio a la comunidad dónde germinan y se
desarrollan. Es necesario dejar claro que la “okupación”, como movimiento
reivindicativo que es, nunca es clandestino, pues no esconde ni sus objetivos ni
sus acciones. Podrá ser considerado, eso sí, ilegal, o alegal, por la mayoría
de los gobiernos, pero los okupas dan la cara. Si no fuera así, no podríamos
hablar de “okupación” sino que tendríamos que referirnos a una actividad que
siempre ha existido y que suele ser consecuencia de un trasfondo dramático,
como es la ocupación de viviendas vacías. En España, por ejemplo, fue un
fenómeno que vivió su momento más álgido durante los años 1960 y 70 pues estuvo
vinculado a la masiva llegada de población rural a las ciudades. Y hoy en día
todavía nos encontramos con personas, incluso familias, que necesitan una vivienda
y ocupan casas abandonadas pero ocultando estos hechos a propietarios,
ciudadanía y poderes públicos. Solucionan su problema individual pero no lo
convierten en un acto reivindicativo, ni se integran en el seno de un
movimiento social en aras de cambiar una problemática colectiva. Que la
ciudadanía confunda la “okupación” con la “ocupación”, es algo habitual y entendible.
Pues ambos fenómenos son similares en forma –un espacio en desuso se utiliza
sin el consentimiento de su propietario- pero no así en su contenido. Pero las
diferencias son claras. Y nuestros gobiernos, que no se pueden amparar detrás
de la ignorancia, deberían responder a ambos fenómenos cabalmente. Por una
parte, con respecto a “la ocupación”, garantizando un techo a los que no
disponen de recursos económicos suficientes. Y, por otra, en relación a “la
okupación”, entendiendo que no deja de ser un movimiento de tintes políticos, y
que, por lo tanto, la respuesta debe de ser también política. Finalmente,
quizá, existan personas –nos consta que una minoría- que disponiendo de sobrado
dinero como para poder acceder a una vivienda digna se apropien del uso de
casas ajenas. En estos casos, obviamente, la justicia debería tomar cartas en
el asunto.
Que para nuestro alcalde “los okupas” no son santo de su
devoción, es un hecho recogido en los medios de comunicación. Pero un
nacionalista vasco –por razones obvias que no vamos a explicar aquí- debería
ser más respetuoso con los colectivos cuyos ideales actualmente puedan ser ilegales
en su materialización y no referirse a ellos como si fueran meros delincuentes.
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